miércoles, 10 de septiembre de 2014

La fractura eléctrica

Publicado en la Revista Técnica Industrial (Sept. 2014)

No hay un solo día en el que no nos levantemos sobresaltados por los acontecimientos políticos, económicos o sociales, pero si hay algo que realmente nos afecta de forma directa son los ataques a nuestros maltrechos bolsillos, como el de la factura eléctrica. El ciudadano de a pie no entiende lo que está pasando, y solo escucha y lee como cada cierto tiempo se promulgan Reales Decretos que modifican lo ya modificado y proponen nuevas formulas para lo que supuestamente será un ahorro en la factura eléctrica que nunca se llega a percibir.
Tenemos la energía más cara de Europa, solo por detrás de Chipre y Malta, y todo ello fruto de una nula planificación energética de los últimos años y la falta de acuerdo para realizar un pacto de Estado que pudiese dotar de una estabilidad al sistema energético español.
Que se han cometido errores y graves, ya lo sabemos, y que los vamos a pagar entre todos también lo sabemos. Pero ahora lo que hace falta es intentar que no se repitan y fijar de una vez unos objetivos claros que nos permitan alcanzar un futuro energético estable. Y para ello, además de equilibrar los tres principios que se consideran en el sector eléctrico, y que son la seguridad y garantía de suministro, la economía y que sea limpio y bajo en emisiones, habría que incluir un cuarto: el del autoabastecimiento energético. Durante los últimos años, solo se han focalizado esfuerzos en el primero y el tercero, y se ha obviado por completo el segundo. Y de "aquellos polvos estos lodos", que tienen como consecuencia la subida de casi un 70% en los últimos seis años y la que está por venir.
Tenemos unsistema de distribución,muy fiable y de los mejores del mundo, pero también es de los mas caros de mantener. Además, está sobredimensionado en algunos casos, y ahora me vienen a la cabeza algunos tramos de red de transporte y subestaciones destinadas a suministrar energía eléctrica a aeropuertos que no funcionan o a urbanizaciones sin desarrollar, que también tenemos que mantener y pagar. Tenemos una capacidad de producción eléctrica de más del doble de lo que nunca hemos consumido, con lo que tenemos una enorme fiabilidad de suministro, que por supuesto tenemos que pagar en nuestra factura eléctrica en el concepto de "pago por capacidad" por mantener los ciclos combinados casi en parada permanente.
Pero si hay algo realmente preocupante es la forma de conseguir implantar energías limpias y renovables a golpe de talonario, y en concreto, lo acontecido con las instalaciones fotovoltaicas, a las que se hace, de forma injusta, las responsables de todos los males. Estamos pagando los numerosos errores de planificación y estrategia, tanto en el tiempo como en la forma. Ahora que las tecnologías fotovoltaicas han reducido su precio en más del 75% es cuando sería viable económicamente su instalación; y, sin embargo, como ya tenemos más que suficiente potencia instalada, se están instaurando impuestos para que su instalación sea inviable. Así que antes se daban subvenciones para instalar esta tecnología para que fuese viable y ahora se añaden impuestos y tasas para evitar que lo sea. Esto es un auténtico disparate.
Cuando nuestros gobernantes se dan cuenta del enorme error cometido con tanta subvención, hacen lo que nunca se debería hacer en un país serio: eliminar parte de esas subvenciones con carácter retroactivo, cambiando las reglas del juego que habían llevado a cientos de miles de personas y empresas a realizar estas inversiones, lo que se traduce en algo muy parecido a una estafa, que además resta credibilidad y posibilidades de inversión a nuestro país.
Ahora bien, para ser justos hay que decir que todas esas subvenciones a la energía fotovoltaica han supuesto que seamos un país referente en el sector y que se haya innovado mucho para conseguir así tecnologías mucho mas eficientes y baratas, que son las que ahora se están instalando en otros países sin necesidad de subvención. Por ello, dichas subvenciones en vez de ser con cargo a las tarifas eléctricas deberían haber sido, al menos en parte, con cargo a I+D+i y a los presupuestos del Estado.
Además, hay que tener presente que en un país como el nuestro donde con una dependencia energética del exterior de casi el 80%, cualquier fuente de energía autóctona como la del el Sol cobra una importancia vital en nuestra balanza de pagos y en nuestra economía, a lo que habría que sumar la nula emisión de gases de efecto invernadero y lo que ello conlleva respecto a los derechos de emisión y los compromisos adquiridos para la implantación de renovables.
Ya está bien de descargar todas las culpas a las renovables. Los ciudadanos deben saber que en la factura eléctrica para los consumidores de tarifa regulada (TUR), ahora precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), de los que hay más de 18 millones de contratos, el 60% del precio es fijado por el Gobierno para el pago de distribución, mantenimiento, subvenciones, tasas, etc. El resto, lo que corresponde al precio por kWh consumido, antes dependía de una subasta realizada un día concreto para fijar su valor para los próximos tres meses, y a partir de ahora se realizará mediante una compleja formula de difícil comprobación para los ciudadanos. Y dicho todo lo anterior, nos hacemos la pregunta del millón: ¿Cuáles serían las fórmulas de futuro para conseguir reducir el precio de la energía eléctrica?
La primera parte de la factura, que es la correspondiente a mantenimiento, distribución, subvenciones, tasas, etc., tenemos claro que es una parte fija y que la única forma de reducirla sería aumentando el número de contratos y el consumo eléctrico, para que pudiese repartirse entre más abonados y con más potencia contratada, lo que supondría un cambio sustancial de modelo, es decir, tendríamos que ponderar la utilización de la energía eléctrica frente a otras como el gasóleo, gas, gasolina, etc. Para ello tendríamos que cambiar los sistemas de calefacción de gas o gasóleo por bombas de calor eléctricas y promocionar la utilización de vehículos eléctricos, dado que hoy por hoy son los responsables del 40% del consumo de la energía primaria. De esta forma, disminuiría en gran medida nuestra dependencia del exterior, y mejoraría notablemente nuestra balanza de pagos, lo que podría ser utilizado para aminorar los precios de la electricidad.
Por otro lado, deberíamos producir electricidad más barata y a través de fuentes de energía propias, es decir, fotovoltaica, eólica, hidráulica, nuclear y demás, minimizando el uso de las centrales térmicas convencionales, los ciclos combinados, etc., lo que nos proporcionará muchísima más autonomía y estabilidad en los precios de la electricidad y, por supuesto aportará numerosos beneficios ambientales.
Por todo ello, proponemos un cambio de modelo tendente a aumentar el consumo eléctrico frente a los combustibles fósiles, generado por fuentes propias de energía y que, además, sean limpias, con lo que tendremos asegurado un sistema energético estable en el que tendrá un peso importantísimo el ahora denostado sector fotovoltaico.

martes, 9 de septiembre de 2014

En busca de consenso en la Educación Universitaria

Artículo de opinión publicado en La Opinión de Murcia y Diario Crítico (Sept. 2014)

Desde que se implantó la Democracia en este querido país, hemos tenido 7 Leyes de Educación, y otras tantas decenas de Reales Decretos, modificando o alterando el sistema educativo, lo que nos ha llevado, como no podía ser de otra forma, a estar en el pelotón de cola.

En cuanto al Sistema Universitario, se realizó la "gran reforma" para adaptarnos al Espacio Europeo de Educación Superior en el año 2007, y que hasta el año 2010 no entró en vigor en su totalidad, encontrándonos en la actualidad con los primeros titulados fruto de esa reforma y con la maquinaria universitaria totalmente engrasada, funcionando y mejorando el nuevo modelo.

Pues bien, ahora se le ocurre al Ministro Wert la feliz idea de modificar nuevamente el sistema Universitario, para que de esta forma las Universidades no puedan centrarse en formar debidamente a los alumnos, y tengan que estar trabajando en modificar planes de estudio, reubicar a profesores, conseguir las nuevas acreditaciones de ANECA, etc..., es decir, justo lo contrario de lo que realmente necesitamos.

Entiendo perfectamente que el actual modelo Universitario pueda necesitar mejoras, pero la reforma que precisamente pretende introducir el Ministro, viene a agravar el principal problema de la Educación Superior en España, que es precisamente la enorme confusión que está generando en la sociedad, empleadores y alumnos, el desorbitado y caótico número de titulaciones tanto de Grado como de Máster existentes y que no logran identificar correctamente al titulado.

Ahora, además se pretenden introducir duraciones diferentes en los títulos, de tal forma que las Universidades tengan libertad para implantar Grados de 3 años o de 4 años de duración, y Máster de 1 o 2 años de duración, lo que va a significar una confusión aún mayor, y que en nada va a ayudar a fomentar la empleabilidad de los jóvenes universitarios, sino que generará más asimetrías entre los titulados, y de estos con los del resto del mundo, para facilitar, y lo digo con ironía, la correcta movilidad de nuestros profesionales.

Cuando se promulgó el R.D. 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se realizó un estudio a fondo de la situación de los estudios universitarios en Europa y en el resto del mundo, y fruto del mismo se optó por una duración de los Grados de 4 años (240 ECTS) y Máster de 1 o 2 años (60-120 ECTS), por ser la opción mayoritaria en el resto de países de ámbito mundial. 

No obstante, también es cierto, que mientras que en EEUU, América latina, Asia, etc... los Grados (Bachelor) son de 4 años, en Europa son más los países que han optado por Grados de 3 años; pero tampoco es menos cierto que la mayoría de países europeos con Grados de 3 años, comienzan sus estudios universitarios a los 19 años, por lo que se equiparan con los nuestros en la edad de finalización de los estudios a los 22 años. Y lo que también es cierto es que los países con Grados de 3 años, están replanteándose adaptarlos al orden mundial y pasar a los 4 años de duración.

Como pueden ver, el Sistema Educativo Español, se debería estudiar en su conjunto, y no de forma separada, teniendo en cuenta los diferentes niveles de formación (primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional, universitaria), para conseguir los objetivos deseados, y todo ello sin olvidar las enormes afecciones que tiene sobre el empleo de los jóvenes españoles.

Si analizamos los datos comparativos sobre las diferencias existentes tanto en la duración del bachillerato, como de los Grados (Bachelor) universitarios de los diferentes países europeos, podemos observar que coinciden casi todos en la edad de finalización de los mismos a los 22 años, lo que nos sitúa en una situación coherente en Europa y totalmente coincidente con el orden mundial, y es aquí donde no logramos entender el porqué de esta modificación que se quiere introducir desde el Ministerio, que suponemos tendrá sus argumentos.

Desde aquí solo le pido al Sr. Ministro una reflexión profunda al respecto, y una interlocución con los agentes sociales y corporaciones profesionales, pero lo más importante que le pido es "RESPONSABILIDAD" para con la sociedad a la que sirve, y le invito a consensuar un Gran Pacto de Estado que posibilite la estabilidad que la Educación española requiere, y nos aleje de los improductivos vaivenes educativos a los que desgraciadamente estamos acostumbrados.

jueves, 4 de septiembre de 2014

La reforma de la no competitividad

Publicado en CincoDias (Sept. 2014)

La reforma que presenta el Ministerio de Economía y Competitividad, lejos de fomentar la necesaria competitividad de los profesionales, se centra en demonizar a los colegios profesionales e imponerles una tutela desproporcionada, que a su vez viene a restar la imparcialidad y el criterio propio y democrático de los colegios.
Esta descafeinada reforma no contenta a nadie, y solo ha servido para remover los cimientos de nuestras instituciones para posteriormente no afrontar los verdaderos cambios que requiere el mundo profesional para su correcta adecuación al Espacio Europeo.
Pese a todo, y ahora me arrepiento, desde el principio hemos defendido esta reforma por cuanto parecía ser una evolución competitiva del mundo profesional, y sería de ingenuos e inmovilistas, el negarse a la necesaria adaptación al ámbito europeo y mundial de las profesiones, que nos situase en una posición de igualdad competitiva.
Entendemos que son tiempos difíciles para realizar según qué tipo de reformas, y entendemos que siga habiendo profesionales que defiendan cotos cerrados de actividad, pero hay que reflexionar sobre lo que es mejor para la sociedad y no solo para unos pocos. Si se requiere un aumento de competitividad en los profesionales, no se pueden seguir manteniendo barreras totalmente ilógicas y que impiden el desarrollo profesional.
Alguien en su sano juicio, entiende que un ingeniero técnico industrial pueda firmar una nave industrial de 200.000 metros cuadrados o más, la vivienda del guarda de esa nave y la residencia donde residen los trabajadores de la misma, y, sin embargo, tenga problemas para firmar una nave agrícola de 50 metros cuadrados, no pueda proyectar la vivienda de ese mismo guarda cuando está en suelo residencial y, por supuesto, tampoco pueda firmar esa misma residencia cuando está fuera de suelo industrial. A esto es a lo que nos referimos con la falta de competitividad de nuestros profesionales, que ven limitadas sus posibilidades de actuación en base al uso y no a sus conocimientos, lo que no se concibe en ninguna sociedad con expectativas de desarrollo.
Si realmente se pretendiese generar competitividad, se deberían establecer unas reglas del juego similares para todos los profesionales y habilitar a través de los colegios para el ejercicio profesional, en función de los títulos académicos y el aprendizaje no formal (experiencia y formación continua), tal y como se impone en el ámbito europeo y mundial. Esta sería una evolución lógica y donde los colegios profesionales podríamos realizar nuestra función de trasladar seguridad y calidad, y por supuesto se generaría una sana competencia entre los profesionales, que llevaría intrínseco un proceso de mejora continua de nuestros servicios, trasladable de forma directa al aumento de competitividad en nuestra sociedad. Pero es que además, hay que tener en cuenta que nos encontramos en la Unión Europea donde se define un mercado único de trabajo, y no solo hemos de ser competitivos con los profesionales españoles, sino también con los del resto de Estados miembros.
De acuerdo con el sistema europeo de reconocimiento de cualificaciones, cuando se desplazan a otros países de la UE, solo se les permite ejercer aquellas actividades para las que están habilitados de acuerdo con la normativa española.
Como esta normativa es muy restrictiva, las atribuciones profesionales están muy segmentadas. Así, los profesionales españoles, especialmente los ingenieros, se ven muy limitados para prestar servicios fuera de España. Por el contrario, los profesionales europeos, al tener en su Estado de origen una regulación más abierta, sí están habilitados para ejercer en España en un campo mucho más amplio de actividades profesionales.
En definitiva, se trata de un texto que dista mucho de las necesarias reformas que debía contener el sector de los servicios profesionales, y que sin embargo estaban perfectamente descritos en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo que acompañaba al texto en diciembre de 2013, pero, una vez más, se anteponen otros intereses particulares al interés general.