Reindustrializar el futuro

Publicado en la Revista Técnica Industrial (Dic. 2013)

La industria es la base esencial para generar estabilidad en la economía y el empleo en cualquier país o región, y son estos dos factores los que facilitan el bienestar y la paz social que necesitamos. Pero es que, además, la industria es también el soporte de la investigación, el desarrollo y la innovación, y sin industria no hay investigación, y sin innovación no hay industria competitiva. Para ver dónde está la industria española, de dónde venimos y dónde queremos ir, convendría hacer una revisión de cual ha sido la evolución del sector industrial en nuestro país en los últimos tiempos.

Desde 1975, la industria ha pasado de representar casi el 40% del PIB nacional a un pírrico 15,9%. Hemos pasado de ser la décima potencia mundial en producción industrial a ocupar una posición mucho más discreta. En el contexto europeo, si descontamos el peso del sector energético, el sector industrial en España alcanzaría el 13,3% del PIB, muy inferior a la media europea del 18%, encontrándonos a la cola en producción industrial, solo por delante de Grecia y Chipre. Y todo ello teniendo en cuenta que entre 2008 y 2012 hemos perdido el 30% de nuestro sector industrial, provocado en gran parte, por la enorme dependencia del mercado nacional y su gran exposición al sector de la construcción.

Esta decadencia industrial afecta a la práctica totalidad de la Unión Europea, que ve con preocupación cómo se va perdiendo el tejido industrial que representó la prosperidad económica y social desde mediados del siglo XIX hasta la fecha; todo ello producido en gran parte por la progresiva deslocalización de las industrias para producir en países emergentes con muchísimo menor coste. Pero, afortunadamente, esta crisis, que como buen optimista diré que estamos superando, nos ha hecho cambiar la percepción y crear una necesidad europea de la reindustrialización, hasta el punto de que países como Francia tienen un Ministerio de “Recuperación Industrial”.

Tenemos un reto importantísimo que pasa no solo por recuperar ese 30% de industria perdido en los últimos 5 años, sino que nos fija como objetivo pasar del 13,3% al 20% del PIB, que es la cifra clave que maneja la Unión Europea en el Plan Europeo de Reindustrialización, lo que nos lleva a tener que aumentar en un 50% nuestra producción industrial desde hoy hasta el año 2020. Desde una perspectiva macroeconómica, esto parece imposible, pero estoy seguro de que si a todos nosotros nos preguntasen si seríamos capaces de producir un 50% mas en siete años, responderíamos que sí, y ahí es donde está el secreto para alcanzar las cifras macroeconómicas y para conseguir los objetivos de un país.

La influencia de la industria en el empleo es todavía mayor. Desde 1975, se han destruido 1,2 millones de puestos de trabajo, mientras el mercado laboral se ha ampliado en 4 millones, y ha pasado de representar el 40% de la ocupación total al 14%. En los últimos cinco años, se han perdido más de 650.000 empleos directos en la industria y otros tantos puestos de trabajo indirectos. El que la industria y la manufactura reciba el nombre de sector secundario no significa que haya de estar en segundo plano. Pero este problema de desempleo se agrava al constatar que nuestros ingenieros tienen que salir a otros países para poder desarrollarse profesionalmente, y aunque esperemos que sea solo de forma temporal, estamos perdiendo uno de nuestros pilares de desarrollo: el capital humano.

España es un país que cuenta con magníficos ingenieros. Desgraciadamente, después de haber realizado una inversión importante en su formación, no puede recoger los frutos por la falta de oportunidades laborales. Afortunadamente, hay países que los necesitan y en ellos pueden aplicar y ampliar sus conocimientos, y adquirir un bagaje profesional y personal, que esperemos que puedan desarrollar pronto en nuestro país. Para ello, es importante que establezcamos un plan de retorno de ingenieros y profesionales que los mantenga informados sobre las nuevas oportunidades que vayan surgiendo al amparo del ansiado impulso del sector industrial.

Y es que España tiene todos los ingredientes para volver a ser uno de los países mas industriales y competitivos del mundo. Tenemos magníficas infraestructuras; somos ahora un país mas competitivo en materia laboral y productiva (un claro ejemplo son las numerosas inversiones realizadas en las plantas de fabricación de vehículos, que nos sitúa en el undécimo puesto mundial con 1,9 millones de vehículos y el segundo europeo); tenemos una mano de obra numerosa, cualificada y con ganas de encontrar trabajo; tenemos los mejores ingenieros y profesionales del sector; estamos recuperando poco a poco la confianza de los mercados, y volvemos a ser apetecibles para los inversores. Además, tenemos buen clima, buena gastronomía y buenas gentes. ¿Qué más se puede pedir?

Necesitamos una política energética estable que genere confianza en los inversores, y una energía barata que no sea un lastre para la competitividad. Necesitamos acceso al crédito para la mejora tecnológica de nuestras industrias y para emprender nuevos proyectos industriales. Necesitamos una armonización y homogeneización de las normativas autonómicas y locales, que proporcionen seguridad jurídica a los inversores, sin descuidar la seguridad industrial como está ocurriendo hora. Necesitamos el fomento de la cultura industrial dentro del sistema educativo español, y esto no se consigue precisamente reduciendo a la mínima expresión la materia de tecnología en la nueva reforma educativa. Necesitamos la consolidación y potenciación de los programas conjuntos de investigación y desarrollo entre universidades y pequeñas y medianas industrias, para que estas puedan tener acceso a la innovación que necesitan. Necesitamos el fomento de la cultura de la propiedad tecnológica industrial, en la que nos encontramos a la cola europea.

Pero todo esto no sirve de nada si no va unido a la asunción de responsabilidades por todos y cada uno de los que formamos parte de esta sociedad. Ya está bien de lamentos, ya está bien de quejarse por lo que los demás no hacen. Hemos de pasar a la acción, y lo digo sobre todo por los más jóvenes, a los que muy desafortunadamente se les ha puesto la etiqueta de “generación perdida”, que entre todos debemos cambiar por la de “generación del éxito”.

Y el éxito solo es posible cuando se tienen inquietudes, se plantean retos, se asumen riesgos y, sobre todo, se trabaja mucho y de forma honrada. Este es el camino y esta es nuestra responsabilidad con la sociedad, a la que no podemos defraudar.

Discurso de Inauguración del III Congreso Ingenio Responsable : "Reindustrializar el futuro"

Aquí podréis ver el video del discurso inaugural del III Congreso Ingenio Responsable que organizamos desde el Colegio de la Región de Murcia, y que como comprobaréis marca nuestra apuesta por la Industria como motor de nuestra economía, algo que refrendó el entonces Presidente de la CARM D. Ramón Luis Varcarcel Siso.

Sobre la mala praxis en la certificación energética de edificios.

noticia en la web del Cogiti

No se nos ha escuchado para la reforma de la ley de colegios profesionales

Entrevista publicada en la Nueva España (Agosto 2013)

«El anteproyecto fomenta el intrusismo y la competencia desleal y disminuye las garantías de los servicios»

Gijón, 9 de agosto de 2013.-«Encantado», José Antonio Galdón, Presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, acude un año más a Gijón en ocasión de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, donde los ingenieros técnicos industriales tienen su espacio. El presidente del órgano que aglutina a todos los colegios de estos profesionales de España visita con asiduidad el de Asturias. «Ésta es casi mi segunda casa», asegura el murciano. Ahora, el trabajo del Consejo General que preside se centra en coordinar una respuesta al anteproyecto de la reforma de la ley de colegios y servicios profesionales redactado por el Ejecutivo nacional, que ha sembrado la discordia entre los diferentes sectores colegiados en pleno mes de agosto.

-El anteproyecto de la nueva ley de colegios y servicios profesionales ha encontrado el rechazo en multitud de sectores. ¿Cómo la han acogido?

-Esperábamos más. Lo voy a mirar desde un punto de vista optimista, pensando que es un anteproyecto que ha salido de una forma un tanto precipitada, no muy consensuada con los colegios profesionales, a los que no se nos ha escuchado. Esperemos que subsanen todas las dudas que plantea y que realmente sirva para lo que tenían previsto. Nosotros siempre hemos apostado por una norma que fomentase la competitividad de los profesionales, la mejora de los servicios de cara al ciudadano y por supuesto que genere incentivos económicos. De estos preceptos, ninguno de ellos se cumplen con el anteproyecto.

-¿Rechaza de plano el texto?

-Tiene más sombras que luces. Entiendo que cuando se nos dé participación se irán puliendo todos esos errores que contempla. Hay cuestiones de fondo que denotan que realmente no se ha estudiado y valorado bien todo el anteproyecto.

-Pero, además del contenido, han levantado ampollas las formas de su aprobación.

-En el trámite del anteproyecto no se nos ha escuchado. Ahora se nos ha dado un plazo de audiencia y tenemos hasta el 16 de septiembre para presentar alegaciones. Cuando se va a legislar sobre algo en concreto siempre habría que preguntarle a ese algo en concreto, porque somos los que conocemos y podemos aportar ideas. Siempre estaremos a favor de una legislación que fomente la competitividad entre profesionales, la mejora de servicios ciudadanos y produzca incentivos económicos. Pero esta legislación, lejos de eso, consigue el intrusismo profesional, no fomenta la competitividad sino la competencia desleal entre profesionales, y va a disminuir las garantías y calidad de servicios al ciudadano. Y dice que se va a fomentar cerca de 7.000 millones de euros gracias a esta legislación, pero no entiendo la base.

-Otra cuestión es quién controlará a los profesionales.

-Una función que veníamos desarrollando los colegios. Tendría que pasar ahora a la administración si la quiere seguir realizando, porque en el momento que se elimina la colegiación para determinados ejercicios se está perdiendo calidad y seguridad. Vigilábamos que cualquier profesional tenía que estar dado de alta en el IAE, en Autónomos, tener un seguro de responsabilidad civil... Con ese borrador no se pide o no se sabe quién lo va a vigilar. Entendemos que la administración, pero no está demasiado claro.

-¿Supondría una clara pérdida de peso de los colegios?

-Cada colegio está donde se merece. En nuestro caso, estoy tremendamente orgulloso de las funciones y actuaciones de los colegios. Y la sociedad y los colegiados claramente lo ven. Creo que ninguna ley de ningún gobierno podrá acabar con los colegios profesionales tal y como están concebidos, siempre y cuando se desarrollen las funciones que tenemos encomendadas, y muchísimas más que también hacemos. Por eso estoy muy tranquilo por el futuro de los colegios. He visto cómo esta volcado el colectivo con los colegios y eso no tiene rival. Salga la ley que salga seguiremos trabajando por los colegiados y la sociedad. Como ocurre en el resto de países europeos, porque hablan mucho de que todo viene de Bruselas pero no sé si han cruzado o no el Pirineo cuando hacen este tipo de legislación. Comparado con otros sitios aquí en España se produce un intervencionismo de la administración en los colegios inédita.

-¿Intervencionismo?

-En España se sigue manteniendo que para ejercer una profesión únicamente te vale el título universitario. Sin embargo en el resto de países el que otorga la potestad para poder ejercer son las propias asociaciones profesionales. Y hablamos de Estados Unidos y de Europa. Las asociaciones capacitan en base a parámetros de estudios universitarios, formación continua... Una serie de cuestiones que la nueva ley toca pero no las define. Dice que hay que tener una formación continua de forma obligatoria, algo que ya tenemos nosotros. Pero entendemos que los que tenemos que habilitar para una profesión somos los propios colegios.

-¿Cómo marcha la implantación del nuevo sistema de acreditación profesional de ingenieros técnicos que certifica su formación continua y experiencia?

-Va como esperábamos. Vamos a firmar, por ejemplo, con los ingenieros irlandeses un acuerdo para el reconocimiento mutuo de las acreditaciones profesionales. Por supuesto está siendo un éxito para la movilidad internacional de nuestros colegiados porque desgraciadamente tienen que salir fuera para trabajar. La propia ley de colegios contempla las acreditaciones. No sé si inspirándose en nosotros, pero ya lo estábamos haciendo sin necesidad de ninguna ley que lo diga. Nosotros, desde los colegios, seguiremos trabajando con lo mismo, haya el gobierno que haya.

-¿Entonces era necesario reformar la ley?

-Sí. Entiendo que había que renovarla. Pero, sobre todo, en el sentido de la parte que no han tocado, y que espero que cambien. Que eliminen ciertas barreras absurdas en la legislación. No es posible que un ingeniero técnico industrial pueda firmar la vivienda del guarda de una industria o puede firmar un edificio de veinte oficinas si está dentro de un recinto industrial, y, sin embargo, si lo hacen en la parcela de al lado o en otro sitio ya no puede firmar el proyecto. Esas barreras, inconcebibles en otras partes del mundo, queremos que se eliminen, porque así aumentan la competitividad. Esta parte de la ley, la de servicios profesionales, no la han tocado casi porque hay presiones de determinados colectivos para que no se lleve a cabo. Y ahí entendemos que el gobierno debe ser valiente y arriesgar.

La nueva certificación energética de edificios, ¿un impuesto más o una etiqueta útil?

Publicado en la Revista Técnica Industrial (Junio 2013)

No cabe duda alguna de que el nuevo Real Decreto 235/2013 nace con las mejores intenciones para fomentar la conciencia social sobre la eficiencia y el ahorro energéticos, tanto en nuestros hogares como en nuestra vida cotidiana. Y esto es especialmente importante en un país como el nuestro que tiene una gran dependencia energética.

Pero una vez más, aunque los fines sean los correctos, se vuelve a errar en el diseño de los medios para conseguirlos, lo que dificultará en gran medida la consecución de objetivos.

Y es que en nuestro país basta con que nos impongan algo para que se despierten nuestros peores instintos. Unos intentarán saltarse la imposición o la cumplirán simplemente para cubrir el expediente; otros verán la oportunidad de enriquecerse deforma rápida al amparo de la legislación. Y estas conductas son precisamente las que está favoreciendo la nueva reglamentación.

Al real decreto le falta el rigor que debería tener una normativa de este alcance. No define con precisión los profesionales competentes para la realización de las certificaciones, ni tampoco exige de forma clara la habilitación profesional, lo que en definitiva relaja la seriedad y el rigor de los certificados. Y lo que es también muy preocupante es que fomenta no solo el intrusismo profesional, sino también la competencia desleal entre profesionales, la mala praxis, la indefensión y la pérdida de garantías y seguridad del ciudadano, que a la postre será el gran perjudicado.

Y digo esto, porque no es entendible que haya ciertas empresas que ofrezcan certificados a 50 euros, otras que los llamen certificados low cost y que utilicen al cliente para que él mismo tome los datos de la vivienda que se va a certificar (¡una auténtica irresponsabilidad profesional!) y aun otras que anuncien ofertas –como en el Carrefour– de 3x2. Todo esto ni es serio ni es profesional. Y solo contribuye a que la ciudadanía se distancie de una medida que en principio es positiva pero que falla en su implantación.

Los colegios profesionales tenemos asignada la misión de defender al ciudadano y de procurar la calidad, la profesionalidad y la seguridad de los trabajos que realizan nuestros colegiados.Pero también, por supuesto, la de protegerlos ante la competencia desleal y perseguir y sancionar la mala praxis.

La mejor defensa que podemos hacer de los intereses del ciudadano es, precisamente, ofrecerle un correcto asesoramiento junto con la realización de trabajos profesionales que realmente sirvan para el fin previsto. En este caso no es otro que conocer las características energéticas de la vivienda en cuestión ylas propuestas, con valoración y periodo de amortización incluidos, de las mejoras necesarias para conseguir ahorro y eficiencia. Y en ello vamos a poner todo nuestro empeño.

El certificado tiene que resultar útil, porque si no los ciudadanos lo verán solo como un impuesto o una tasa más a la que tenemos que hacer frente. Y, lo que es más preocupante, perderemos una oportunidad única de poner en valor la cultura dela eficiencia energética en el hogar y la concienciación del ciudadano. Pero para que esto no ocurra se precisa una correcta información, además de determinados incentivos por parte de la Administración.

Esta legislación debería venir acompañada de ventajas para todos aquellos propietarios de viviendas que tengan una alta calificación energética, o que realicen inversiones para mejorar la actual, porque al fin y al cabo esto va en beneficio de todos. No hemos de olvidar que el 40% del consumo total de energía en nuestro país se realiza en las edificaciones, y que disminuir ese consumo conlleva enormes beneficios globales, tanto económicos como medioambientales. Nuestra intención es poner todo el empeño en favorecer el ahorro y la eficiencia energética y en conseguir enderezar este nuevo marco.

Para ello, desde los colegios y el Cogiti hemos puesto en marcha una plataforma de certificación energética (www.certificacionenergeticacogiti.es). En ella los ciudadanos pueden encontrar profesionales formados, habilitados y con todas las garantías para el correcto ejercicio profesional. Nuestros profesionales colegiados cumplirán, sin duda, con los objetivos que persigue esta nueva reglamentación, realizando de esta forma la labor que la sociedad tiene encomendada a los colegios profesionales.

Además, no hay que olvidar que otro de los grandes objetivos de esta legislación es que para el año 2020 todos los edificios que se construyan tengan un consumo de energía casi nulo.Este objetivo requiere una enorme apuesta por la innovación y la eficiencia en la construcción, que debería basarse en la aplicación y desarrollo correctos de la normativa durante estos años.Y todo ello, qué duda cabe, significa un motivo más para la responsabilidad profesional.

La competitividad de los profesionales

Publicado en la Revista Técnica Industrial (Marzo 2013)

Estamos en un momento clave para definir las bases del progreso, el desarrollo y la modernidad de nuestro país, que tiene el reto de alejarse del ostracismo y los corporativismos profesionales clasistas y propios de otra época, y mirar hacia el futuro con nuevas perspectivas europeas y mundiales para situarnos de forma decidida en el siglo XXI.

Ciertamente, son muchas las reformas que se han de afrontar, y son muchos los cambios que se han de producir. Pero para que ello sea posible, hay que tener una voluntad decidida de cambio y dejar atrás las rémoras del pasado que nos impiden avanzar.

Movilidad, empleabilidad y competitividad, son los principios que deben regir este nuevo modelo, y máxime en nuestro país, en el que damos muestras sobradas de un gran déficit de los mismos.

El Ministerio de Economía y Competitividad, con muy buen criterio, quiere reformar el sector profesional de las ingenierías y la arquitectura. Pretende eliminar todas aquellas barreras que hasta la fecha han generado tensiones y luchas intestinas para acotar los campos de actividad de las distintas profesiones, lo que, sin duda alguna, supone un freno para el correcto desarrollo profesional y social.

Un país no puede prosperar si sus profesionales no son competitivos, pero para serlo tienen que tener los instrumentos necesarios. No es entendible que a un profesional que posee los conocimientos precisos para la realización de un determinado trabajo técnico se le niegue la posibilidad de realizarlo por el mero hecho de no tener la titulación académica adecuada, del mismo modo que no es entendible que sigan existiendo campos de actividad reservados para unos determinados profesionales y que excluyen a otros con similares capacidades técnicas.

Tenemos que ser capaces de eliminar todo aquello que genere rigidez y pueda resultar anticompetitivo. Pero esa liberalización no se debe confundir con el libertinaje, y ahí reside el papel esencial de los colegios profesionales, que deben tomar las riendas para la habilitación profesional, basándose para ello en las competencias adquiridas a través de la titulación académica y en el reconocimiento de aquellas otras basadas en el desarrollo profesional continuo (experiencia y formación), tal como ha recomendado la propia Comisión Europea a los Estados miembros.

Los colegios hemos de ser garantes de la calidad y las buenas prácticas profesionales de nuestros colegiados, porque ese es el verdadero servicio que espera la sociedad de nosotros, y en ello hemos de poner todo nuestro empeño. De este modo, además, los colegios seríamos un pilar fundamental para poder llevar a cabo con las máximas garantías esta reforma del sector profesional que el país necesita..

Pero la reforma podría ser aún más profunda si, como ocurre en otros países más avanzados, como EE UU, Canadá o el Reino Unido, fueran los propios colegios profesionales los que fijaran los criterios de acceso y habilitación para el ejercicio profesional. De este modo, se superarían las insuficiencias de la situación actual en nuestro país, que asocia estos criterios a la simple posesión de una determinada titulación académica, sin mayores requisitos. Avanzar en esta dirección permitiría evolucionar el sistema universitario y mejorar la competitividad de los profesionales.

En la actualidad, el mero hecho de poseer un determinado título académico posibilita el acceso al ejercicio de ciertas profesiones, sin necesidad de demostrar ningún reciclaje de conocimientos ni el aprendizaje de nuevas técnicas, lo cual no deja de resultar un tanto inconcebible en un mundo en el que los avances tecnológicos se suceden de forma vertiginosa. Está claro que el sistema actual no potencia la competitividad de los profesionales, puesto que la titulación otorga unas atribuciones profesionales fijas y de por vida, sin posibilidad de ampliarlas y sin exigencia alguna de mantenerlas, lo que, de alguna forma, podría llevar al profesional a un acomodo contrario a la necesaria evolución profesional.

Por suerte, en la ingeniería técnica industrial las cosas no son así. La inmensa mayoría de nuestros profesionales está en constante evolución, por responsabilidad, por motivación y por compromiso con las exigencias de la sociedad para el correcto desarrollo de nuestra labor profesional. Y esto es lo que nos hace ser muy competitivos, aunque nuestra competitividad podría aumentar notablemente si pudiésemos ir ampliando atribuciones profesionales a lo largo de nuestra vida profesional.

Teniendo en cuenta que la competitividad de los profesionales afecta directamente a la de las empresas y las Administraciones, y que de este modo contribuye a un mayor desarrollo del conjunto del país, que a la postre es nuestro principal objetivo, los colegios profesionales tendremos que ser capaces de adoptar las medidas oportunas que posibiliten este cambio sin aferrarnos al pasado.

El desarrollo económico basado en la construcción se ha demostrado ficticio

Entrevista publicada en diario de Navarra (Feb. 2013)

"El desarrollo económico basado en la construcción se ha demostrado ficticio"

Pamplona, 27/02/2013.- José Antonio Galdón Ruiz (Barcelona, 1975), presidente de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), accedió al cargo cuando tenía 36 años, precocidad que también demostró cuando se convirtió en decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Murcia con sólo 30 años. Recientemente visitó la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales en Pamplona para presentar un sistema de acreditación profesional que certifica la experiencia y la formación continua de los colegiados, una herramienta que también servirá para mejorar su empleabilidad en el extranjero.

-¿No es un derroche formar ingenieros en España y que se vayan a trabajar a Alemania?
Es cierto, parece que Alemania nos manda aquí a sus jubilados y se llevan para allí a nuestros jóvenes mejor formados. Pero partimos de la base de que para el correcto desarrollo de un ingeniero es preferible que trabaje en su profesión, aunque sea en otro país, a que se quede en España en el paro o empleado en otro puesto de trabajo que no esté relacionada con su formación.

-¿La acreditación es una especie de pasaporte para trabajar en el extranjero?
El sistema de acreditación profesional continuo se está implantando en todas las profesiones. Los colegios de ingenieros técnicos estamos más avanzados en este proceso que otros colectivos. No se trata de un pasaporte para salir al exterior, sino que es un sistema para certificar la experiencia y la formación continua de cada uno de los colegiados. Este sistema viene utilizándose en el mundo anglosajón desde hace muchos años e incluso se exige para trabajar en esos países.

-Luego también es una herramienta para ir a trabajar al extranjero.
Así es. Hemos firmado un acuerdo con el ZAV, el servicio federal de empleo alemán. Ellos creen en este sistema porque les estamos dando una garantía más de calidad a todos los ingenieros que van allí. Aparte, también les servimos como filtro. Con Austria también hemos firmado. En nuestra página web habrá unas 600 ofertas de empleo.

-¿Qué coste tiene?
Los colegiados no están obligados a apuntarse al Sistema de Acreditación Profesional DPC Ingenieros. Para los jóvenes es gratuito y los desempleados lo pueden obtener al 50% de su precio. La acreditación más cara, la de expertise, vale 150 euros y la más barata (junior) son 20 euros.

-¿No necesitamos ingenieros en España para desarrollar un tejido productivo exportador?
Nosotros somos los primeros que estamos defendiendo la reindustrialización de nuestro país, que apostamos para que vengan inversiones. Disponemos de unas infraestructuras magníficas y unos profesionales preparadísimos. Este es un país competitivo en cuanto a salarios. De hecho, ahora están reinvirtiendo en nuestro país muchísimas empresas automovilísticas.

-Si tenemos todo lo necesario, ¿dónde está el problema para despegar económicamente?
El problema más importante es la falta de inversiones. La inestabilidad económica del país no lo hace atractivo para las inversiones y los bancos no se animan a prestar dinero. Además, nuestra industria ha estado muy centrada en las necesidades interiores ligadas al sector de la construcción. Había regiones en las que el 50% del sector industrial se dedicaba a producir para la construcción. Y ahora que es imprescindible exportar para sobrevivir, ¿qué hacemos? Quizá nuestras empresas no han sabido abrirse a un mercado internacional porque no lo necesitaban.

Ahora nos damos cuenta que nuestras compañías tienen que salir y que hay unas oportunidades impresionantes ahí fuera. Creo firmemente en que somos competitivos y que podemos fabricar productos de calidad, pero actualmente se une la incertidumbre del crédito con la situación económica general. No obstante, soy optimista y estoy convencido que podremos darle la vuelta a la situación.

-¿Hemos aprendido algo del error de la burbuja inmobiliaria?
Todo el desarrollo económico que vivimos ligado a la construcción fue ficticio. Los índices de actividad industrial subían en aquella época de forma artificial. Desarrollar ese tipo de industria era mucho más fácil. Ponerse a fabricar puertas y ventanas era un camino muy sencillo porque ya sabías que tenías la producción vendida de antemano. Encima lo hacías sin necesidad de salir al exterior, que es mucho más complicado y nos asusta un poco.

-¿Cuánto tiempo va a costar crear un tejido industrial para dar trabajo a seis millones de parados?
La recuperación no va a ser inmediata, sino progresiva. La gente tiene que ser consciente de ello, pero, al mismo tiempo, hay que ser optimistas para que vuelva el consumo. En la medida en que la gente consuma más, esa demanda requiere producción e industria. Aunque en España hay que reconocer la importancia del turismo o la agricultura, lo cierto es que la industria había quedado abandonada por la pujanza del sector de la construcción, que desvió el rumbo económico del país y ahora hay que enderezarlo. Un sector industrial potente da estabilidad a una nación y eso es precisamente lo que necesitamos. De esta crisis vamos a aprender todos muchísimo.

-¿Podremos llegar al nivel de Alemania?
Costará, pero podemos lograrlo.

-Cambiando de tema, ¿qué opinión tiene el COGITI de la liberalización de los servicios profesionales?
Los arquitectos no están muy contentos. La futura ley de servicios profesionales tiende a eliminar determinadas barreras que no tenían sentido. Un ingeniero técnico industrial puede proyectar, por ejemplo, una nave industrial de 100.000 metros de superficie con tres plantas, dos sótanos y con tres puentes grúa y, luego, no puede hacer una nave de 50 metros cuadrados de uso agrícola. Las atribuciones profesionales se basaban en los usos y no en la complejidad técnica. En ese sentido, es un acierto que se eliminen barreras basadas en el uso y no en los principios técnicos.

-Pero si los ingenieros pueden hacer el trabajo de los arquitectos, ¿para qué enseñar esa disciplina en las universidades?
Un arquitecto siempre tendrá una formación más específica en edificación o en vivienda y un ingeniero también en edificación además de otros temas. Lo que no se puede pretender es hacer compartimentos estancos. Un arquitecto sabrá hacer otras cosas, no sólo edificios. Hoy en día lo que hay que hacer es competir y permitirle a la sociedad que elija el profesional que considere oportuno. Habrá ingenieros que quieran especializarse en edificación y competirán con un arquitecto, ¿por qué no? El mercado pedirá siempre lo mejor y eso no se puede conseguir si, independientemente de si eres bueno o malo en lo tuyo, tienes asegurada una parcela por el mero hecho de obtener una titulación.