No cabe duda alguna de que el nuevo Real Decreto 235/2013 nace con las mejores intenciones para fomentar la conciencia social sobre la eficiencia y el ahorro energéticos, tanto en nuestros hogares como en nuestra vida cotidiana. Y esto es especialmente importante en un país como el nuestro que tiene una gran dependencia energética.
Pero una vez más, aunque los fines sean los correctos, se vuelve a errar en el diseño de los medios para conseguirlos, lo que dificultará en gran medida la consecución de objetivos.
Y es que en nuestro país basta con que nos impongan algo para que se despierten nuestros peores instintos. Unos intentarán saltarse la imposición o la cumplirán simplemente para cubrir el expediente; otros verán la oportunidad de enriquecerse deforma rápida al amparo de la legislación. Y estas conductas son precisamente las que está favoreciendo la nueva reglamentación.
Al real decreto le falta el rigor que debería tener una normativa de este alcance. No define con precisión los profesionales competentes para la realización de las certificaciones, ni tampoco exige de forma clara la habilitación profesional, lo que en definitiva relaja la seriedad y el rigor de los certificados. Y lo que es también muy preocupante es que fomenta no solo el intrusismo profesional, sino también la competencia desleal entre profesionales, la mala praxis, la indefensión y la pérdida de garantías y seguridad del ciudadano, que a la postre será el gran perjudicado.
Y digo esto, porque no es entendible que haya ciertas empresas que ofrezcan certificados a 50 euros, otras que los llamen certificados low cost y que utilicen al cliente para que él mismo tome los datos de la vivienda que se va a certificar (¡una auténtica irresponsabilidad profesional!) y aun otras que anuncien ofertas –como en el Carrefour– de 3x2. Todo esto ni es serio ni es profesional. Y solo contribuye a que la ciudadanía se distancie de una medida que en principio es positiva pero que falla en su implantación.
Los colegios profesionales tenemos asignada la misión de defender al ciudadano y de procurar la calidad, la profesionalidad y la seguridad de los trabajos que realizan nuestros colegiados.Pero también, por supuesto, la de protegerlos ante la competencia desleal y perseguir y sancionar la mala praxis.
La mejor defensa que podemos hacer de los intereses del ciudadano es, precisamente, ofrecerle un correcto asesoramiento junto con la realización de trabajos profesionales que realmente sirvan para el fin previsto. En este caso no es otro que conocer las características energéticas de la vivienda en cuestión ylas propuestas, con valoración y periodo de amortización incluidos, de las mejoras necesarias para conseguir ahorro y eficiencia. Y en ello vamos a poner todo nuestro empeño.
El certificado tiene que resultar útil, porque si no los ciudadanos lo verán solo como un impuesto o una tasa más a la que tenemos que hacer frente. Y, lo que es más preocupante, perderemos una oportunidad única de poner en valor la cultura dela eficiencia energética en el hogar y la concienciación del ciudadano. Pero para que esto no ocurra se precisa una correcta información, además de determinados incentivos por parte de la Administración.
Esta legislación debería venir acompañada de ventajas para todos aquellos propietarios de viviendas que tengan una alta calificación energética, o que realicen inversiones para mejorar la actual, porque al fin y al cabo esto va en beneficio de todos. No hemos de olvidar que el 40% del consumo total de energía en nuestro país se realiza en las edificaciones, y que disminuir ese consumo conlleva enormes beneficios globales, tanto económicos como medioambientales. Nuestra intención es poner todo el empeño en favorecer el ahorro y la eficiencia energética y en conseguir enderezar este nuevo marco.
Para ello, desde los colegios y el Cogiti hemos puesto en marcha una plataforma de certificación energética (www.certificacionenergeticacogiti.es). En ella los ciudadanos pueden encontrar profesionales formados, habilitados y con todas las garantías para el correcto ejercicio profesional. Nuestros profesionales colegiados cumplirán, sin duda, con los objetivos que persigue esta nueva reglamentación, realizando de esta forma la labor que la sociedad tiene encomendada a los colegios profesionales.
Además, no hay que olvidar que otro de los grandes objetivos de esta legislación es que para el año 2020 todos los edificios que se construyan tengan un consumo de energía casi nulo.Este objetivo requiere una enorme apuesta por la innovación y la eficiencia en la construcción, que debería basarse en la aplicación y desarrollo correctos de la normativa durante estos años.Y todo ello, qué duda cabe, significa un motivo más para la responsabilidad profesional.
